Introducción
CONTIGO afirma su profunda vocación autonomista, por entender que la estructuración territorial y política del Estado, creada al amparo de la Constitución de 1978, refleja, mejor que ninguna otra posible, la realidad plural de España.
En este sentido resulta incontestable afirmar que la aprobación y posterior entrada en vigor de la Constitución de 1978, y especialmente de su titulo VIII (fruto del consenso de la mayoría de las fuerzas políticas españolas) supuso un hito en la historia política de España en la medida en la que un texto constitucional ofrecía a los españoles unas bases legales lo suficientemente amplias y aceptadas por la mayoría de la sociedad para afrontar el reto de la transformación del Estado en cuanto a su configuración territorial, adaptándolo a la realidad pluricultural de España.
Es por ello por lo que CONTIGO considera que el título VIII de la Constitución constituye una realidad política incuestionable de la que hay que partir para afrontar sin complejos el problema de la vertebración de España, es decir, la realización efectiva del principio de autogobierno reconocido en el articulo 2 de la Constitución, reconduciendo así la denominada «cuestión nacional» hasta los cauces del debate civilizado y democrático en los limites que impone la propia Constitución. Porque la aceptación de los principios que inspiran nuestra Carta Magna supone una garantía de estabilidad y lugar de encuentro para superar cualesquiera diferencias que puedan surgir en la estructuración político-territorial del Estado.
El modelo autonómico español, tal como viene concebido en la Constitución de 1978, es parangonable a los más dinámicos sistemas de descentralización política del Estado, de entre los existentes en el mundo occidental contemporáneo, al mismo tiempo que da satisfacción a las legítimas aspiraciones históricas de los diferentes pueblos que conforman el moderno Estado español.
En el primer aspecto, un análisis objetivo y desapasionado de la Constitución española, por comparación con las de otros países occidentales de corte federal o autonómico, lleva a la conclusión de una notable superioridad del sistema español en relación con el de otros muchos de esos Estados, y su equiparación, como mínimo, con algunos de los más avanzados.
En el orden de su estructuración institucional – existencia en cada Comunidad Autónoma de un Gobierno propio, de un Parlamento y de un Tribunal Superior de Justicia – y en el de su hipotético quantum competencial – ejecutivo y legislativo -, el sistema de las Autonomías español supera con creces a no pocos Estados modernos de corte federal o autonómico.
En el segundo aspecto resulta de particular interés la afirmación contenida en el propio artículo 2 de la Carta Magna española, en el sentido de que “la Constitución… reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran la Nación española. De ahí también que la propia Constitución española con su Disposición Adicional Primera afirme paladinamente que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”.
En definitiva, estructuración nueva y moderna del Estado español, sustentada, sin embargo, en el reconocimiento de una realidad plural histórica de los pueblos de España. De otra manera el Estado de las Autonomías español alcanza un alto valor en sí mismo, como el sistema más adecuado a la realidad política y social de España; ni mejor ni peor que cualquiera otro. Y, por tanto, con vocación de perdurabilidad en el tiempo. Así, el sistema autonómico español no puede ser considerado de ninguna manera como una suerte de “estadio intermedio”, a superar en el futuro, camino de un hipotético sistema mejor.
Se ha de Impedir en el proceso de desarrollo de las competencias autonómicas, la dispersión jurídica excesiva, que genere desigualdades e indefensiones sobre personas físicas y jurídicas
La Autonomía como poder político regional
Con base en todo ello, CONTIGO entiende que la Autonomía no puede ser ni quedar en una mera descentralización administrativa. La configuración constitucional del Estado de las Autonomías no es equiparable a los modelos de “regionalización” que viven otros países de nuestro entorno, los cuales parten de la concepción política del Estado centralista al que tratan de mitigar o suavizar con mayores o menores medidas de descentralización puramente burocrática.
El sistema autonómico español viene configurado en la Constitución de 1978 como un auténtico proceso de descentralización política (que conlleva en sí, también, la administrativa), para todas y cada una de las diferentes Comunidades Autónomas que integran el entramado del Estado. Una distribución efectiva y real del poder político entre las instituciones políticas nacionales y las respectivas Comunidades regionales.
Y no solamente en el ámbito estricto del Ejecutivo; también en lo judicial y en lo legislativo. En la Constitución española, los tres clásicos poderes del Estado – legislativo, ejecutivo y judicial— quedan sometidos de forma clara y definitiva a esa distribución del poder político en que CONTIGO entiende que consiste la Autonomía.
Con ello, cada una de las Comunidades Autónomas españolas adquiere, por mandato constitucional, un verdadero Poder Político, que encuentra en la propia Constitución su legitimidad formal, su punto actual de partida y todos los elementos precisos para su progreso y desarrollo de futuro.
CONTIGO entiende que corresponde a los poderes públicos de la Administración Central – especialmente, al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales -, no solamente el no entorpecer, sino incluso auspiciar y favorecer ese desenvolvimiento natural del proceso de autogobierno y de poder regional en cada una de las Comunidades Autónomas. Y para ello debe superar y remover cuantos obstáculos de todo orden – institucionales, económicos y competenciales – puedan oponerse a ello.
El estado actual de las Autonomías
Desde la promulgación de la Constitución española hasta el momento actual se han dado pasos importantes en el proceso de estructuración del sistema autonómico; desde un punto de vista general del Estado, la configuración del mapa autonómico, la aprobación de todos los Estatutos de Autonomía y los procesos posteriores de reforma, etc.
Sin embargo CONTIGO entiende que el sistema adolece en la actualidad de no pocas deficiencias — unas de origen y otras sobrevenidas por falta de acuerdo— que convendría tratar de superar con el fin de conseguir que el proceso se desarrolle en los próximos años por un camino más armonioso y equilibrado.
Así, CONTIGO detecta como las más relevantes de esas deficiencias, las siguientes:
– La existencia de un fuerte desequilibrio entre las diferentes Comunidades Autónomas.
– Defectos estructurales en no pocos aspectos de la mayor parte de los Estatutos de Autonomía vigentes.
– Inflación burocrática de muchas administraciones autonómicas derivada de su estructuración mimética con respecto a la Administración Central.
– Sistema de Financiación de las CCAA insuficiente, desnaturalizado e insatisfactorio.
– Inadecuada estructuración funcional de las Delegaciones del Gobierno en las CCAA.
– Necesidad de una más adecuada estructuración, composición y funcionamiento del Senado.
– Falta de una adecuada participación de las CCAA en las tomas de decisiones de la Administración Central en las materias que les afecten.
A todo este deterioro apuntado y al evidente retroceso que se aprecia en el desarrollo autonómico español ha coadyuvado de forma muy importante la mala política de los gobiernos socialistas y populares en materia autonómica.
Se ha paralizado el proceso de transferencias a las respectivas Comunidades Autónomas, de forma que, desde 1982, y con algunas excepciones en las que la negociación se había iniciado con anterioridad, no se ha avanzado suficientemente en la ampliación de las competencias, incluso de aquellas que están atribuidas por los respectivos Estatutos, habiéndose detectado, incluso denunciado, más de un supuesto de retroceso real en la posibilidad de ejercicio de las competencias ya asumidas.
Una propuesta de futuro: por la recuperación del espíritu constitucional a través de un nuevo Pacto de Estado
CONTIGO considera que, en un plazo no demasiado largo, podría hallarse y ponerse en práctica diferentes soluciones para remediar las deficiencias antes apuntadas, y con ello dejar el proceso autonómico en una vía de mayor equilibrio, para su más adecuado desarrollo de futuro.
CONTIGO entiende que el problema no es otro que el de una real voluntad política que, partiendo del Gobierno de la Nación y del partido político que lo sustente, implique a la mayor cantidad posible de fuerzas políticas y sociales, en un PACTO DE ESTADO válido, al menos, por el período de la próximos 50 años que sea una real segunda transición para España.
CONTIGO apunta para este esfuerzo colectivo con el fin de cerrar definitivamente la cuestión del modelo territorial, abordar conjuntamente las siguientes cuestiones:
– El equilibrio en la distribución de competencias.
– Las modificaciones estructurales de los Estatutos de Autonomía.
– La reducción burocrática de la Administración Central y Autonómica.
– La Reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas.
– La Reforma de la Administración periférica del Gobierno Central.
– Reforma del Senado y de la Ley Electoral
– Participación de las Comunidades Autónomas en la política nacional que les pueda afectar como territorios.
Ceuta y Melilla. Ciudades Autónomas
En CONTIGO pensamos en unas ciudades diferentes, en las que la diversidad sea protagonista, en unas ciudades plenas de oportunidades, en las que los nombres y apellidos, religión y cualquier otra condición no sean sino canales para navegar en los ricos lagos de la condición humana.
Ceuta y Melilla tienen aptitudes suficientes para convertirse en protagonistas de alto nivel en toda la zona del norte África. Gozan de condiciones culturales y sociales únicas, así como de singularidades económicas que podrían proyectarse como fuerza motriz para el desarrollo de toda la región.
Ceuta y Melilla siguen liderando así los índices de paro, fracaso escolar, deuda y, sobre todo, esperanza en el futuro. Ambas ciudades se han malogrado por ventura y gracia de unos políticos incompetentes y poco habituados a los climas sociales, culturales y económicos imperantes en el mundo moderno. La vieja táctica de la reafirmación permanente de la españolidad de Ceuta, que siempre promulgó el PP antiguo y el de hoy, ha demostrado que únicamente ha servido para sus intereses particulares, pues en nada han favorecido al desarrollo de ambas ciudades, salvo para crear y incrementar una red clientelar que no las ha dejado crecer.
A los políticos de siempre les ha faltado perspectiva, pues Ceuta y Melilla no pueden ser contempladas desde una posición puramente provinciana, sino explorando sus posibilidades frente a los mercados y oportunidades que ofrecen los espacios adyacentes.
Queremos revitalizar sus puertos, buscando clientes entre los mejores y más potentes armadores del mundo, a fin de conseguir la cuota de mercado que les corresponde por su situación estratégica en el Estrecho, cosa que nunca ha tenido ni tendrá con los actuales gestores.
Compromiso por la Regeneración Democrática
Una condición previa para poder pasar a negociar el resto de puntos es un plan de choque en la lucha contra la corrupción y en la recuperación del prestigio de la política como una actividad de servicio a los ciudadanos.
Por ello CONTIGO presenta una propuesta de Acuerdo por la Regeneración democrática que debe ser asumido por cualquier partido que quiera negociar otros pactos con nosotros:
1. Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política (hasta la resolución completa del procedimiento judicial).
2. Apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.
3. Prohibir y denunciar donaciones por parte de presidentes, consejeros delegados u otros directivos con responsabilidad directa o indirecta en la gestión de contratos con la Administración.
4. Obligar a los partidos a publicar en su página web sus reglamentos, estatutos, cuentas, ingresos y gastos electorales, presupuestos y procedimientos de control internos.
