Una de las principales obsesiones de todo el que pretenda llegar al gobierno de un país, debería ser conseguir el pleno empleo para sus conciudadanos, pues así lo reclama el objetivo del buen gobierno y la sociedad.
Pero, salvo en contadas excepciones, casi ninguna economía ha podido lucir el lema de la plena ocupación. En España el desempleo afecta actualmente a 3.315.0000 personas que representa un 14,23% de la población activa, es decir en edad de trabajar (Datos EPA del tercer trimestre de 2019), por lo tanto no hay plena ocupación, pero es que nunca la ha habido, pues en nuestra historia reciente sólo en 1974 la tasa de desempleo rondó el 0%, en concreto fue de un 3,7%.
Aunque este dato ha de ser tratado con matices pues en 1974, tras 15 años de crecimiento continuado de la economía española entorno al 10% anual, podría decirse que había una plena ocupación nominal, pero no real, pues, el sector agrícola muy intensivo en trabajo, ocultaba casi tres millones de empleos que en un corto espacio de tiempo desaparecieron para ir a recabar en la industria y en el sector servicios. Además en esas cifras no se tuvieron en cuenta los más de dos millones de emigrantes españoles, que en cualquier momento de crisis económica en los países de recepción, podrían regresar.
A España en la actualidad, le queda un recorrido estático de aproximadamente 10 puntos de tasa de paro, es decir algo más de dos millones trescientos mil ocupados nuevos para poder hablar de pleno empleo (que significaría una tasa de desempleo, próxima al 4%). Muchos economistas piensan que para alcanzar dicho objetivo la economía debe incrementar su Producto Interior Bruto, en adelante PIB, año tras año, pero esto no es del todo cierto, pues depende de la economía de cada país, por ejemplo, en España, si el PIB crece menos del 1,5% que es la tasa de crecimiento prevista por diversos organismos internacionales para 2020, está demostrado que aumenta el paro. Sin embargo, en otros países como Francia o Alemania donde la productividad y el peso de la industria es mucho mayor que en España, con tasas de crecimiento del PIB del 0,6% no aumenta el paro, y a partir del 1% se empieza a generar con fuerza nuevo empleo.
El problema de España es que cuando nos decían hace más de una década, concretamente en 2006 de una década , que nuestro PIB crecía el 3,5% y que era el mayor crecimiento de Europa, esto se debía fundamentalmente a los siguientes factores:0,9 % por el turismo (que en su mayoría era un turismo barato, del de sol y playa), 1,1% por las ayudas europeas (que acabaron en 2013) 1% por la construcción (que quedó muy mermada tras explotar la burbuja inmobiliaria) y 0,5% por la industria (y eso es poco).
Viendo lo anterior, con una economía tan débil, como la española que se basa en la construcción (Y esta es cíclica), en un turismo baja calidad y escasamente en la industria, es muy difícil disminuir significativamente la tasa de paro, pues en circunstancias normales creceremos en torno al 1,5% anual y con ese crecimiento no habrá significativa disminución del desempleo, sino más bien un ligero incremento del desempleo que se situará en un 15 % a finales de 2020, suponiendo algo más de 3,5 millones de desempleados.
Lo que se debería hacer es tomar medidas, cuanto antes mejor, para que la economía Española pueda crecer entorno al 2.6% anual del PIB, pues por cada décima de crecimiento del PIB por encima del 1,6%, supone una disminución de la tasa de paro de casi dos décimas (en concreto 1,78 décimas). Con tan sólo 6 años consecutivos con este crecimiento del PIB, en España se podría hablar de pleno empleo.
¿Pero qué medidas se pueden tomar para poder llegar a ese crecimiento del PIB?
España necesita un tejido empresarial de mayor tamaño medio (empresas entre 50 y 250 trabajadores) para crear un entorno económico más competitivo y estable, y poder así afrontar los difíciles retos que plantea la economía global. En la actualidad el 99% del tejido empresarial español está compuesto por pequeñas empresas de menos de 50 empleados, un porcentaje que nos distancia de países de gran competitividad como Alemania cuyas pequeñas empresas representan el 83,5%, Japón en el que el porcentaje es del 85%, Canadá 71,9%, Reino Unido 87% y Estados Unidos 79%, entre otros, donde existe un mayor equilibrio en el tamaño de las compañías.
Los componentes del PIB son el sumatorio del Consumo Privado, el Gasto Público, la Inversión y las Exportaciones netas (Exportaciones menos Importaciones).
Por tanto si queremos ayudar a que el PIB crezca habrá que tomar medidas que afecten a algún, varios o todos los componentes de los que depende el PIB:
-El primero de ellos es el Consumo. Que sólo crecerá si aumenta la confianza del consumidor porque se incrementen sus expectativas de colocación, sus expectativas de mejora laboral, etc.
-El segundo de ellos es el Gasto público. Ahora por las medidas del acuerdo de para el nuevo gobierno todas luces parece que se va a incrementar, con lo que se contribuirá a que el PIB suba. Pero ligeramente pues hay un techo legal de gasto público no financiero, que no puede ser rebasado. Luego este componente poco va a influir en el crecimiento del PIB.
-El tercero de ellos es la Inversión. Una empresa invierte en máquinas o en capital humano, sólo si aumenta considerablemente su volumen de pedidos. Y ese aumento sólo se producirá si incrementa su productividad, es decir si produce a un menor coste ó si vende productos novedosos, de calidad e intensos en capital y tecnología.
-El cuarto de ellos es la Exportación-Importación. Es una de las mejores opciones posibles es vender fuera de España lo que no vendemos aquí. Y comprar menos de fuera. En la realidad actual, las empresas que van bien son las que exportan más y sobre todo a países emergentes. Hay que conseguir que el valor de las exportaciones sea superior al de las importaciones, hecho que actualmente no se da.
En cuanto a las medidas concretas que pueden ponerse en marcha para fomentar el crecimiento del PIB y el desarrollo del tejido empresarial, citamos entre otras, las 10 siguientes.
1. Simplificar la imposición a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Eliminando todo tipo de deducciones y bonificaciones excepto las que puedan incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación y establecer un tipo único del 15% a las PYMES que representan el 99% de nuestro tejido empresarial. De esta forma, nos alinearíamos con los modelos de Reino Unido, Canadá, Japón, EE.UU y se crearía un marco en el que nuestras empresas podrían competir en igualdad fiscal de condiciones.
2. Reforzar la competitividad empresarial. Cuanto más competitivas sean las empresas de un país, mayor será su grado de supervivencia y éxito en un mercado cambiante y globalizado. Para conseguir este objetivo las empresas, deben acometer procesos de innovación, para lo cual es necesario que desde el sector público se les dote de mayor y mejor acceso a la financiación, se les ofrezca capital humano bien formado y profesionalizado y se les dote de instrumentos que fomenten la cooperación y concentración empresarial.
3. Fomentar la financiación empresarial a través de métodos alternativos al bancario. Desde el sector público se deben apoyar las vías de financiación alternativas a la bancaria, a través de los mercados bursátiles o de los de emisión y negociación de renta fija. También se pueden eliminar las trabas y las limitaciones al crowdfunding (por ejemplo, cada proyecto inversión sólo puede captar actualmente hasta cinco millones de euros entre inversores), pues dicha eliminación favorecería y mucho este modelo de financiación que se utiliza sobre todo y con mucho éxito en EE.UU.
4. Revisar la normativa bancaria. Desde el sector público se debe revisar la regulación financiera en lo que se refiere a la concesión de créditos a empresas. La idea es que las exigencias de capital, no penalicen los préstamos a las pymes y que se evalúen la solvencia y la calidad crediticia sobre la base de unas cuentas auditadas y certificadas por el sector público.
5. Reforzar la internacionalización de empresas. Se debe dotar de más recursos humanos, materiales y financieros a organismos como el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), reforzar el papel en las embajadas de la llamada diplomacia económica mediante la creación de nuevas oficinas comerciales, así como potenciar la figura del seguro de crédito para los exportadores.
6. Impulsar la fórmula I+D+i. Otra de las claves para acelerar el crecimiento de las empresas españolas es impulsar la innovación, el desarrollo y la investigación. Para conseguir este objetivo se deben limitar los avales que se exigen al conceder financiación para proyectos de este tipo, fomentar la colaboración entre empresas, el sector público y otras entidades como las universidades.
7. Una importante reforma del sistema educativo universitario. Que acometa y modernice los sistemas de selección del profesorado, que acomode la oferta educativa a la demanda empresarial y social. Y cambie las clases magistrales por el método del caso práctico.
8. Agilización de los procesos judiciales, fomentando el arbitraje y la mediación, para aumentar la seguridad jurídica de los inversores extranjeros en España, así como eliminar la sucesión de deudas con Hacienda y la Seguridad Social cuando se compre una empresa o una unidad de negocio que esté en concurso de acreedores.
9. Fomentar las fusiones y alianzas. Se deben crear incentivos fiscales y de seguridad social para aquellas empresas que se fusionen o busquen alianzas para ganar tamañopara poder salir al exterior y acceder a la contratación pública, también se debe apoyar los procesos de concentración de empresas que aumenten la competitividad de las mismas en su sector ya sea a nivel nacional o internacional, para buscar nuevas oportunidades de negocio.
10. Combatir eficazmente la corrupción política. Creando juzgados especializados en delitos de corrupción e incrementando duramente las penas, fomentando la transparencia en la contratación administrativa, eliminando las subvenciones públicas a partidos políticos y sindicatos, controlando férreamente el gasto público, eliminando la mayoría del personal eventual (asesores de los políticos pagados con dinero público)
Francisco Antonio Jiménez Rodríguez
Secretario de Economía y Hacienda
