Asuntos Sociales

4.1. IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

I. Impulsaremos la respuesta institucional efectiva a las víctimas de violencia doméstica, así como los mecanismos de transparencia, coordinación e inspección pública de los centros de asistencia y acogida gestionados por asociaciones.

Incentivaremos la I+D en los elementos de prevención y protección como móviles, pulseras y demás elementos necesarios para potenciar su eficacia y seguridad.

Propondremos la reforma de la actual ley de violencia de género para que además de hacer frente a la violencia de género e incluya a los afectados por maltrato psicológico, de forma que proteja a todos los miembros del entorno familiar con independencia del grado de parentesco, su sexo u orientación sexual y mejore la igualdad de trato judicial entre hombres y mujeres.

Racionalizaremos los recursos destinados a infraestructuras y dotaciones para atender los casos de mujeres y hombres maltratados (casas de acogida, servicios sociales, etc.).

II. Una eficaz asistencia jurídica de las víctimas, protección frente a posibles segundas agresiones (“pulsera Electrónica”) y medidas económicas para mujeres dependientes de las rentas de sus parejas (microcréditos, pisos de protección oficial, tutela sobre descendientes en exclusiva para las mujeres maltratadas, exenciones fiscales para las empresas que contraten mujeres con sentencia firme de condena víctimas de maltrato. Fomentar campañas publicitarias dirigidas a concienciar socialmente el maltrato de género…”

También es muy importante educar y concienciar a los niños y a los jóvenes, tanto en colegios de educación primaria como en secundaria, del flagelo que significa en una sociedad, la falta de Igualdad entre hombres y mujeres y el maltrato con violencia de género.

Introducción de programas educativos en los propios colegios-institutos, programas educativos que se deberán de introducir en los planes de estudio desde infantil.

III. Medidas rehabilitadoras de maltratadores (gabinetes psicológicos).

Desde Contigo Somos Democracia queremos enfatizar desde el primer momento, en que la violencia y el maltrato de Género no es patrimonio de hombres ni mujeres. En el Parlamento Español hace pocas fechas se ha dado luz verde a un Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Pacto que no ha evitado de ningún modo la criminalidad en este tipo de delito y, es más, aumentó en las víctimas más débiles, los hijos.

Dejando de lado la incidencia de la Violencia en el seno de la familia debida a razones religiosas, culturales y étnicas de personas llegadas a nuestro país, las cifras a día de hoy son intolerables. Desde Contigo Somos Democracia debemos proponer un nuevo ámbito de actuación, cortoplacista que palíen, en lo posible, la explosión violenta en el seno familiar. El Pacto Nacional contra la Violencia de Género se centra única y exclusivamente en el método represivo tras el delito. Nosotros no. Nos centramos en medidas para evitarlo.

Y nos vamos a apoyar en la Institución más cercana al ciudadano. El Ayuntamiento. Los Colegios e Institutos. No tiene sentido la denuncia y que la víctima regrese al hogar con sus hijos y el agresor o agresora. Vamos a convertir a los Profesionales Municipales, Profesores, Médicos, Enfermeras y Educadores en Agentes de Urbanidad, que deban dar la voz de alarma a la menor muestra de conducta desviada en hombres, mujeres y niños.

La Institución más cercana al ciudadano, el Ayuntamiento debe tutelar la extracción del agredido, hombre o mujer, del ámbito de su hogar, para ello proponemos:

1. Red de pisos Tutelados para acogimiento inmediato de víctimas, intercambiando la localidad.
2. Creación de Juzgados Especiales de Violencia de Género formados en Mancomunidades de localidades, con la intención de medidas cautelares inmediatas, y Juicio rápido para concesión de Medidas tales como Divorcio y Tutela de hijos.
3. Creación de Equipos multidisciplinares en Ayuntamientos (Psicólogos, Criminólogos, Educadores Sociales) en conexión en Red con los Colegios e Institutos de la Localidad para detectar de forma inmediata la conducta desviada en la juventud. Agresividad, Absentismo escolar, bullying, intentos autolíticos en el alumnado, etc.
4. Asignatura obligada de Respeto, Conducta Cívica e Igualdad. Conferencias, Jornadas y Seminarios en todos los Colegios e Institutos.
5. Creación de un Sistema de Tele asistencia, con conexión inmediata de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como fuerza de intervención.
6. Plan de Lucha contra la Drogadicción y Alcoholismo. Estadísticamente es origen de conducta violenta en cerca de un 80% de los casos de Violencia familiar. Protocolo claro de concienciación y, por supuesto, la incorporación como actores activos de Padres, Profesores, Educadores.

IV. Medidas preventivas o creación de un Código deontológico de publicidad con creación de un organismo supervisor independiente para evitar las agresiones consistentes en campañas publicitarias “sexistas” y, en coordinación con Secretaría de Educación, fomentar la igualdad desde las escuelas.

V. No somos partidarios de la inclusión en nuestro programa de cuotas de hombres y mujeres en nuestras listas (medidas de discriminación positiva); pero con igualdad de oportunidades y compromiso con la integración de la mujer en el ámbito profesional. Refuerzo del programa de ayudas a la creación de empresas integradas por mujeres. Políticas que promocionen el empleo de la mujer. Creación de un Observatorio que vigile y supervise el respeto al principio de no discriminación en términos de salarios y disponga de capacidad de propuesta de sanción a aquellas empresas/empleadores que discriminen por razón de sexo u otra condición social o personal.

VI. Políticas de Igualdad.

Impulsaremos una Política de Conciliación Familiar y Laboral dirigida tanto al sector público como al privado, aspectos que necesitan de una revisión urgente:

• Flexibilidad en el horario laboral y escolar elaboración de una Ley Integral de la Conciliación familiar dentro de una política de incentivos, que sea efectiva y responda al interés común.
• Revisión con la Comunidad Educativa del tradicional calendario escolar (de septiembre a junio) y propuesta de un sistema adaptado a la situación laboral actual y a la media europea, con especial atención a las vacaciones estivales.
• La posibilidad de que las madres puedan acogerse a la reducción de la jornada laboral durante la gestación.
• Medidas de fomento de la participación de las mujeres en la vida pública (en política sobre todo) y en los puestos directivos de las empresas, tales como:
• Incentivos a las empresas que faciliten servicios de guardería en el lugar de trabajo en aquellos casos en que exista un importante volumen de madres trabajadoras (hospitales, fábricas, aeropuertos, parlamentos, etc.).
• La eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la integración de las mujeres, considerando que a igual trabajo y responsabilidad debe corresponder igual retribución y oportunidades de promoción. Aunque absolutamente comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, rechazamos toda política encaminada a imponer artificialmente sistemas de cuotas rígidas de representación de cualquier sexo o de cualquier minoría.

4.2. DEPENDENCIA – TERCERA EDAD

1. Se estudiará la propuesta de complementos a las Pensiones públicas mediante la implicación de las empresas contratantes con aportaciones del trabajador y del empresario a un sistema interno privado de generación de fondo de pensiones.
2. Controles de transparencia en la gestión de las pensiones.
3. Creación de residencias públicas de la Tercera Edad que cubran la demanda hasta el 10% (hasta alcanzar media proporcional en resto de países de la UE). Desgravaciones fiscales/subvenciones para favorecer iniciativas privadas siempre que las residencias “concertadas” garanticen el principio de servicio universal a los jubilados con ingresos mínimos. Se establecerán mecanismos de supervisión para el cumplimiento de la normativa por parte de los centros privados (higiene, respeto a los derechos de las personas de la tercera edad…). Asimismo se fomentará que las residencias públicas y las privadas concertadas dispongan de los servicios geriátricos indispensables para su misión.
4. Beneficiarán de exenciones fiscales aquellas familias que asuman la responsabilidad de cuidar de una persona mayor con problemas de salud. Creación de un plan complementario de refuerzo a estas familias mediante la ayuda de asistentes sociales.
5. Fomentar la iniciativa universitaria para mayores con el fin de garantizarles el acceso al derecho a la educación universal universitaria.
6. Fomentar políticas de contratación basadas en la meritocracia y la igualdad de condiciones para todos los grupos de edad.
7. Proponemos resolver en el plazo máximo de 180 días (6 meses), las peticiones de Dependencia que se presenten ante la Administración pública. (*)

4.3. FAMILIA – NUEVOS MODELOS FAMILIARES

1. Creación de un organismo público (Instituto de Relaciones familiares) que realice estudios y propuestas a solicitud de las familias y jóvenes sobre las nuevas realidades suscitadas por la aceptación y evolución del concepto tradicional de núcleo familiar.
2. Aplicar medidas conciliadoras de la vida familiar y laboral: excedencia con retribución estatal y derecho de reingreso al puesto de trabajo del padre o madre que lo sea de un niño de hasta 2 años; fomento de las jornadas continuas intensivas para mujeres y hombres (sólo uno de los dos) con hijos de hasta 10 años.
3. CONTIGO reconoce los derechos derivados de cualquier contrato matrimonial y de las uniones de hecho con independencia del sexo de las personas que los asumen, y se compromete a seguir trabajando desde las administraciones públicas por el pleno ejercicio de los derechos de cualquier ciudadano por razón de matrimonio. (*)
4. Modificación de la ley de divorcio para que desde el primer momento de la separación los hijos pasen el mismo periodo de tiempo tanto con el padre como con la madre y evitar así posibles fracturas afectivas.
   • En casos de incumplimiento de acuerdos y denuncia por alguna de las partes, se realizará un seguimiento personificado por parte de la Fiscalía de Menores. Con este seguimiento se quiere reforzar que el menor no tenga alguna carencia por alguna de las partes parentales y pueda ocasionarle una situación de no retorno de cara a la sociedad.
   • Además de sancionar con dureza y agilidad el incumplimiento de dichos acuerdos.
5. Equiparación de los derechos ciudadanos de las Parejas de Hecho en igualdad a los distintos matrimonios.

4.4. PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Las personas con diversidad funcional tienen que hacer frente a una amplia serie de obstáculos que les impiden lograr la igualdad de oportunidades, la independencia y la plena integración económica y social.
Solo desde la perspectiva de una persona afectada o de alguien con una especial sensibilidad hacia la cuestión, se pueden apreciar las barreras e inconvenientes cotidianos contra los que luchan diariamente y que España debe solucionar.

Los principios que inspiran la referida Ley de Integración Social, y que obligan a los poderes públicos a un especial celo en la prestación de los recursos para el ejercicio de los derechos aquí recogidos, abarcan una temática tan variada como los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada de viviendas, la educación, la orientación y la integración laboral, la garantía de derechos económicos, jurídicos, sociales mínimos y la Seguridad Social.

Por tanto, promoveremos la creación con carácter institucional nacional y comunitario de la figura del “Defensor de la Personas con diversidad funcional” asumiendo las siguientes funciones:

1. Coordinarse con las diferentes Asociaciones de Discapacitados.
2. Velar porque se cumplan los derechos de las personas con Diversidad Funcional.
3. Elevar propuestas al Congreso que beneficien al colectivo de Discapacitados.
4. Atender consultas del colectivo afectado.
5. Atender las reclamaciones que se presenten por el colectivo de personas con diversidad funcional.
6. Procurar que todo el colectivo afectado tenga orientación psicológica y se integre en los sistemas educativos.
7. Velar por encontrar cauces para que el colectivo de personas con diversidad funcional se integre en el proceso de educación especial y se incorpore a la vida social y al sistema de trabajo.
8. Dar a conocer los recursos disponibles por todas las Administraciones Públicas al colectivo de Discapacitados, a través de charlas, coloquios, etc.
9. Posibilitar el asesoramiento jurídico y difusión de la legislación tendente a la igualdad de oportunidades.
10. Difusión social de las problemáticas de este colectivo.
11. Cooperación con las diferentes organizaciones internacionales de discapacitados.
12. Favorecer el impulso a campañas de sensibilización social acerca de las dificultades del sector más vulnerables de cualquier estado.
13. Prestar una especial atención y protección hacia aquellas personas que posean un grado de minusvalía a partir del 90% evitando con ello la situación de desamparo, tanto económica, como sanitaria, a la que se enfrentan en la mayoría de casos estas personas o sus familiares.

Accesibilidad Universal

La accesibilidad universal ha sido sistemáticamente olvidada, en la agenda de las políticas sociales, para las personas con diversidad funcional. La promoción y el fomento de este objetivo fundamental es el impulso base para su participación y autonomía en la sociedad. Las personas con diversidad funcional deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos de igualdad con respecto al resto de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo, pues cualquier impedimento en su acceso implica un aumento del riesgo de exclusión social.
La accesibilidad no es siempre bien entendida por la ciudadanía en general, es por ello que el concepto de accesibilidad se interpreta únicamente referido a barreras físicas. Las estadísticas apuntan a que aproximadamente el 10% de la población, casi 4 millones de personas, tiene una diversidad funcional de diversa índole, ya sean físicas, sensoriales, cognitivas o intelectuales.

Nuestro ordenamiento jurídico Ley 26/2011, de 1 de Agosto, de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, entiende por Accesibilidad Universal la condición que deben de cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

La accesibilidad universal debe existir de forma natural en nuestra forma de trabajar desde la política para mejorar la vida de las personas con diversidad funcional, personas que no sólo tienen derecho a ser iguales, sino también a ser diferentes, porque no tienen diversidad funcional sino capacidades diferentes.

Por tanto, la accesibilidad universal debe ser un “principio de transversalidad”, que debe entenderse no sólo en relación con las actuaciones para mejorar y normalizar la vida y garantizar los derechos ciudadanos de las personas con diversidad funcional, sino como un elemento esencial para que, incorporando a las personas con diversidad funcional en la máxima medida y en todos los ámbitos de la realidad social, éstas coadyuven a la consecución de objetivos de carácter general y estratégico de toda la población y de todas las políticas.

Este principio de transversalidad deberá estar presente de forma activa y permanente, diseñando un modelo para todos en materia de:

• Accesibilidad
• Participación real y efectiva
• Igualdad – Empleo
• Educación inclusiva y formación
• Cultura
• Protección social
• Vivienda
• Sanidad
• Economía
• Turismo
• Investigación
• Acción Exterior.

Para ello, se deberá tener el compromiso de crear una partida estatal presupuestaria para la accesibilidad universal en los Presupuestos Generales del Estado. Dicha partida presupuestaria financiarán, en todo el territorio español, los programas y las actuaciones de accesibilidad universal en los procesos, bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, así como en los medios de comunicación social, con el objetivo de que todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas de cualquier tipo, puedan ser independientes y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

4.5. DROGODEPENDENCIA

1. Invertir más Medios presupuestarios para mejorar los centros de internamiento. Mejora del Plan Nacional de Drogas en colaboración con la Secretaría de Sanidad.
2. Pulseras de control para aquellos toxicómanos considerados peligrosos por sus antecedentes de delitos de sangre y robos a mano armada que salen de prisión no rehabilitados con el fin de tenerlos bajo vigilancia preventiva.
3. Invertir en educación y prevención del consumo de drogas, así como detección y atención en las primeras fases.

4.6. INMIGRACIÓN

Manifestamos aquí el serio compromiso de CONTIGO con la plena integración de inmigrantes.

Proponemos incluir dentro de la apertura de oficinas de empleo de la Unión Europea la apertura igualmente de Centros de Formación, bien en países de Unión Europea, bien fuera de la Unión Europea, con infraestructura suficiente para la formación en oficios a las personas que pretendan emigrar a España, de tal manera que quien realice los cursos de formación tenga a posteriori y en base a la misma mayor facilidad para la entrada y obtención del permiso de residencia y trabajo en su caso.

Se trata de formar a la persona en origen, para que una vez en España tenga más facilidad para su integración, con la seguridad de que al venir a España pueda encontrar trabajo en base a su formación, y no encontrarnos con inmigrantes sin formación o que no es reconocida, cuyo destino es la mendicidad, la venta ambulante ilegal, o la vía delictiva.

4.7. LGTBI (*)

En CONTIGO entendemos que todos nuestros programas y proyectos están dirigidos a todos los colectivos por igual, por tanto en las siguientes líneas estableceremos las medidas necesarias para combatir y erradicar las situaciones de discriminación y vulneración que sufren las personas LGTBI:

1. Creación de una Ley estatal que armonice y desarrolle la legislación actual para combatir la discriminación y las situaciones que vulneran los derechos y libertades de las personas LGTBI, siendo ampliables en las comunidades autónomas.
2. Facilitaremos un modelo de solicitud estándar para la delegación del proceso del cambio registral de nombre y sexo en el registro civil con procesos sanitarios.
3. Creación de espacios dentro de las oficinas de empleo del llamado programa “trascendiendo empleo”, diseñado para incentivar la contratación de mujeres transexuales en situación de vulnerabilidad, ya que según estudios no oficiales, su situación alcanza un 80% de paro. (Fondos europeos para la cooperación y el desarrollo).
4. Impulso del programa “trascendiendo autoempleo”, enfocándolo a la puesta en marcha de negocios de mujeres transexuales en situación de vulnerabilidad que quieran emprender con ayuda y bonificaciones del Estado. (Fondos europeos para la cooperación y el desarrollo).
5. Incentivar la creación de programas destinados a la autorrealización de las identidades de género e identidades sexuales en los campos de la educación (colegios, institutos, universidad).
6. Dada la realidad del abandono escolar en la comunidad LGTBI, es necesario revertir el bajo nivel de formación académica y profesional, sobre todo la comunidad Trans, trabajando en la consecución de apoyo económico y social para la incorporación de la formación, facilitando el acceso a las matrículas y a las herramientas necesarias incentivando así el acceso a las universidades.
7. El desarrollo de programas específicos y formación del personal sanitario en materia LGTBI, especialmente de quienes se ocupan de llevar a cabo operaciones de reasignación de sexo.

(*) – Cambio introducido en el II Congreso Estatal en Febrero de 2022